Las cifras del aborto en Colombia no cuadran, mientras Profamilia dice haber realizado 10.517 abortos en 2017, el Ministerio de Salud registró 9.861.
La despenalización del aborto en 2006 bajo tres causales ha fomentado un ring de pelea que cada vez se radicaliza más entre promotores de la legalización completa y quienes piden su penalización o regulación.
El tema volvió a la palestra pública a raíz de una ponencia presentada por la magistrada Cristina Pardo ante la Corte Constitucional, la cual pretendía limitar la práctica del aborto máximo a 24 semanas de gestación, afirmando que a esa altura el feto logra su viabilidad autónoma y que la práctica del aborto resultaría en un “feticidio”, yendo en contra del derecho y arriesgando la salud de la madre.
Por otro lado, los opositores a esta medida aseguraron que establecer dicho límite impediría acceder al aborto a quienes sufren obstáculos para abortar. Entre tanto, la reforma terminó en un veremos tras una votación de seis votos en contra y tres a favor al proyecto de la magistrada Pardo en la Corte Constitucional.
En un esfuerzo por entender el panorama del aborto en Colombia, y verificar los argumentos y realidades tan contradictorias que defiende cada bando, Unisabana Medios decidió investigar las cifras detrás del aborto y la realidad de quienes lo ejercen en Colombia. No hay opiniones, solo hechos. La conclusión es suya.
Antes de la Sentencia C-355 del año 2006 –que estableció tres causales para la despenalización del aborto, bajo una serie de parámetros-, tanto los médicos como las mujeres tenían prohibido recurrir a la interrupción del aborto pues enfrentarían un proceso penal. Esta reglamentación se convirtió en un referente, ya que se sostenía que era constitucionalmente inválido sancionar penalmente a cualquier mujer que se hiciera una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A raíz de esto, Colombia entró a ser uno de los países que despenalizó el aborto.
Desde ese momento en toda Colombia se han realizado 69.117 abortos dentro de los marcos legales entre 2009 y 2017. Según cifras del Ministerio de Salud, mientras en 2009 se practicaron 6.290 abortos legales, en 2017 se registraron 9.861, lo cual se traduce en un aumento del 56% en un periodo de ocho años. Por otro lado, las cifras de la misma entidad señalan que Bogotá se convirtió en el lugar con la mayor tasa de abortos legales en el país, mientras que en Vaupés solamente ha habido cuatro casos en esos nueve años.
Sin embargo, las cuentas no cuadran, pues mientras el Ministerio de Salud registró 9.861 abortos realizados a nivel nacional en 2017, Profamilia afirma que tan solo ellos realizaron 10.517 abortos durante ese mismo año. Este no es el único caso donde las cifras no cuadran.
Cada vez que se habla de 400.000 abortos clandestinos por año, no se está hablando propiamente de una cifra real, pues es imposible llevar un registro y contabilidad de procedimientos ilegales. Por otro lado, esta cifra es una estimación realizada por el Instituto Guttmacher en 2008, se calculó a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y diferentes encuestas de auto reporte, de las cuales los resultados arrojan cifras de entre 30.000 y 90.000 abortos al año. Entonces ¿de dónde sale la cifra de 400.000 abortos?
Unisabana Medios encontró un artículo académico titulado “El mito de los 400.000 mil abortos en Colombia”, realizado por Mauricio Rubio, investigador y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Externado. Este texto resume la metodología que se utilizó para llegar a esa cifra, los errores que hay en ella y la imposibilidad de determinar o al menos acercarse a cifras claras sobre aborto en Colombia mediante este tipo de métodos.
A pesar de esto, y de ser conscientes de que es una aproximación, Profamilia insiste en divulgar esta cifra tanto en campañas como en informes.
Según el Doctor Juan Carlos Vargas, asesor médico de Profamilia, allí se decide en reunión de junta directiva qué cifras se divulgan y qué cifras no.
Cabe recordar que esta institución está ubicada en 26 municipios y opera 66 clínicas y unidades móviles de salud en el país. Es filial de la gringa Planned Parenthood, organización sin ánimo de lucro que provee servicios de salud reproductiva en el mundo, de quien recibe financiación. Planned Parenthood ha sido investigado por el FBI en Estados Unidos por tráfico de órganos extraídos de los fetos, aunque esto en Colombia no se ha demostrado.
¿Entonces qué está pasando con las cifras?
Para dar respuesta a un derecho de petición solicitado, el Ministerio de Salud estableció 17 diagnósticos bajo los cuales se registran las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Sin embargo, al consultar diferentes bases de datos relacionadas con el tema, encontramos diagnósticos sin especificar, es decir, donde no se sabe si el aborto fue inducido o espontáneo. Este tipo de diagnósticos sin especificar ocurren cuando el dictamen del médico no coincide con alguno de los 17 que está en el sistema. Por supuesto, esto nubla aún más el panorama de las cifras de abortos en Colombia, donde no hay claridad tanto en la recolección como en la metodología.
Respuesta del Ministerio de Salud exponiendo las causales del aborto tenidas en cuenta para clasificar los abortos legales.
Por otro lado, en la misma respuesta al derecho de petición, el Ministerio negó entregar dos variables de información como edad gestacional y causal del aborto, argumentando que este tipo de datos no son recolectados por el sistema de información, ya que no se registran en la historia clínica.
De la misma forma, es aún más difícil hablar de muertes causadas por aborto, ya que mientras los diagnósticos pueden llegar a ser muy ambiguos por la falta de especificación, por otro lado, Medicina Legal solamente indaga y registra la causa de muerte primaria, es decir, si una mujer muere a causa de una infección genital, no se indaga la causa de esa infección, o al menos no se registra en el sistema. Hasta julio, Medicina Legal había registrado siete muertes por aborto entre 2014 y el primer semestre de 2018.
A esto se suma la evidente falta de conocimiento sobre la cantidad de abortos clandestinos realizados y las muertes que provoca, por lo que es necesario preguntarse ¿cómo se están diseñando las políticas públicas y basadas en qué?
El Ministerio de Salud no quiso dar declaraciones por falta de vocero, y al día de hoy no han dado la respuesta solicitada a un derecho de petición hecho hace más de un mes.
¿Abortar en Colombia es fácil o es difícil? Lo cierto es que aunque debería ser difícil por la limitación que ejercen las 3 causales, esto varía según el caso.
En primer lugar, no se verifican las causales. Según el doctor Juan Carlos Vargas, asesor médico de Profamilia, a pesar de que se soliciten los certificados que comprueben el cumplimiento de las causales, no se comprueba la veracidad o falsedad de estos documentos, pues la clínica siempre parte de la buena fe de los pacientes. Esto no precisamente puede ser un problema de Profamilia, en la ley no se estipula ningún tipo de procedimientos para la revisión de estos documentos.
Sin embargo, en algunos casos puede ser aún menor el rigor con el cumplimiento de las causales. Tal es el caso de Daniela*, quien se realizó un aborto en la clínica Oriéntame asegurando haber sido violada. En ningún momento la clínica pidió una copia de la denuncia, tal como lo pide la ley, sino que solamente programó una cita a la semana siguiente para realizar el procedimiento.
Una integrante de este equipo de investigación se contactó al chat 24 horas de Oriéntame con el fin de hacer el ejercicio de solicitar un aborto. Ella dijo que era una joven de 20 años que acababa de enterarse que estaba embaraza y pidió orientación para realizarse una IVE. Manuela, la asesora que la atendió, brindó toda la información, pidió algunos datos personales y luego programó una cita para la siguiente semana. A esta cita debía ir con 3 horas de disponibilidad, pues le harían una valoración psicológica previa a un procedimiento de aborto con pastillas. Sí, sin certificado, sin denuncia y sin ninguna causal.
Cada caso es distinto y las problemáticas varían de mujer a mujer.
Algunas mujeres se arrepienten de realizarse un aborto cuando llegan al electrocardiograma, ya que es ahí cuando la persona puede decidir si el aparato tiene volumen o no. Tal es el caso de Sara Gerardo, quien, tras escuchar el latido del corazón del bebé -que puede ser escuchado desde los 16 días- decidió detener el procedimiento. Así como a Sara, esto le sucede a muchas más mujeres.
Mientras que algunas mujeres desisten del aborto cuando enfrentan el momento, a otras se les niega el procedimiento médico. A Matilde*, una mujer de escasos recursos a sus 33 años y con 26 semanas de embarazo, le negaron la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres hospitales diferentes: Fundación Santa Fe, Hospital San José y el Hospital de La Victoria. A pesar de cumplir una de las causales, pues su bebé podría nacer con trastorno psicomotor, endocrino, óptico y olfatorio, a Matilde le negaron el aborto por la avanzada edad de gestación que presentaba y por insuficiencia en las instalaciones de las clínicas y hospitales para realizar este procedimiento. Finalmente, Matilde logró abortar a pesar de las trabas. Sin embargo, su caso se convirtió en un referente y el cual dio origen a la ponencia presentada por la magistrada Pardo.
Por su parte la ley 1164 de 2007 que reconoce el Derecho a la objeción de conciencia, mediante la cual los médicos pueden negarse a practicar un aborto, también puede resultar como una interrupción del proceso.
La organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres se ha encargado de ayudar a 1.112 mujeres desde el 2015, a quienes se les han puesto trabas para acceder al aborto.
El acceso no es solamente uno de los lunares de la legislación y regulación del aborto, también están las irregularidades de cifras oficiales, la incapacidad de determinar las muertes por abortos clandestinos y los vacíos constitucionales en el fallo de la Corte.
El aborto es un negocio de salud, como lo son muchos otros servicios… no hay precios fijos, pues el valor depende del estrato social de la mujer. En Oriéntame, si no se tiene convenio con determinadas EPS, una mujer de estrato 2 que vive en Kennedy puede pagar $505.000, mientras que una persona de estrato 4 que reside en Cedritos le cuesta $825.00.
Todo esto se debe en parte a lagunas en la legislación que permiten aprovecharse de estos vacíos. La situación puede cambiar si se legisla en base a unas cifras transparentes bien recolectadas y no supuestas. Como lo dijo la Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez en el programa de televisión Zona Franca, “no hay bases para establecer una política pública clara en temas como la prevención y la educación sexual“ debido a la falta de monitoreo en cifras.
Entre tanto, seguirán los debates, las discusiones y el diseño de políticas públicas basadas en especulaciones y datos incompletos, mientras las clínicas se aprovechan de los vacíos legales, ya sea para lucrarse de los abortos o para obstaculizar el acceso a este. Al menos, ahora, después de leer este reportaje usted ya sabe dónde están los datos, de ahora en adelante de usted dependerá tragar entero o vomitar los mitos que le intenten embutir sobre el aborto.
*Los nombres fueron modificados para proteger la identidad de las mujeres.